Fernando Lozano Forero
Nuevo Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada
Bogotá D.C. abril 03 de 2013.
Fernando Lozano Forero ha sido designado por la Presidencia de la República, como nuevo Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Lozano Forero, abogado egresado de la Universidad de La Sabana, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, se desempeñó desde el año 2010 y hasta febrero de 2013 como Asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, realizando seguimiento y acompañamiento a esta Entidad en el desarrollo de la labor legislativa ante el Congreso de la República.
Anteriormente, laboró en la Personería de Bogotá desempeñando los cargos de Personero Delegado para Asuntos Jurisdiccionales y Director de la Unidad Administrativa y Financiera; así mismo, estuvo – en encargo - al frente de la Personerías Delegadas para la Vigilancia de los Servicios Públicos Domiciliarios y Entidades Descentralizadas y la Unidad de Recursos Humanos.
El alto funcionario asume la dirección de la SUPERVIGILANCIA y busca a través de su gestión continuar con la tarea de fortalecimiento y posicionamiento, no sólo de la Entidad, sino de todos los servicios que controla e inspecciona en el país.
RETOS QUE ENFRENTARÁ EL NUEVO SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA
El Superintendente Fernando Lozano Forero, recién posesionado, tiene ante él la oportunidad de afrontar los retos ligados desde la administración pasada. Por lo cual debe enfrentarse a varios desafíos significativos al convertirse en la columna vertebral de la SuperVigilancia.
El primer reto al que se enfrenta el nuevo Superintendente es la restructuración legal de la SuperVigilancia después de fallo constitucional del Consejo de Estado, donde invalida la Resolución 2852 del 8 de Agosto del 2006, Compilación Normativa (fallo no apelable), teniendo que encontrar un manejo adecuado para las consecuencias al fallo de dicha resolución.
El segundo reto representativo al que se enfrenta el nuevo Superintendente, es el manejo a la petición de Sindicatos de Seguridad Privada bajo la problemática del aumento en los costos de los cursos de capacitación y la extensión del tiempo de los mismos; junto con la exigencia, en la solicitud de que sea el SENA quien brinde los cursos de formación, contratando a escuelas de tiro para la capacitación en polígono, como se realiza en el resto de escuelas.
Otro de los retos por Lozano, al tener que regular que los guardas se encuentre calificados para prestar el servicio de vigilancia adecuadamente, es la exigencia del certificado de aptitud psicofísica para que los guardas colombianos puedan ser contratados; por lo cual, las empresas de seguridad tendrían que renovar la información de sus guardas y agregar este certificado en RENOVA.
Por último, el nuevo superintendente de vigilancia Fernando Lozano Forero debe plantear la normatividad frente al cambio en las empresas de vigilancia al remplazar armas de fuego por armas no letales.
SuperVigilancia y Policía Metropolitana firmaron alianza estratégica por la seguridad de Bogotá
El acto tuvo lugar este 25 de abril en el Club de Agentes PONAL
El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Fernando Lozano Forero y el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Brigadier General Luis Eduardo Martínez, suscribieron esta alianza en el marco del Panel por la Seguridad Ciudadana, evento al cual fueron convocadas las empresas del sector y los administradores de propiedad horizontal de las localidades de la capital colombiana, con el propósito de brindarles orientación sobre la prevención de los delitos que afectan la seguridad de la ciudad.
“Trabajaremos de la mano con la Policía Metropolitana, a través del Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, para identificar en las localidades los puntos donde operan los servicios ilegales; para ello, intensificaremos la visitas de inspección. Nuestro objetivo es minimizar la ocurrencia de actos delictivos y garantizar la seguridad de los bogotanos” enfatizó el Superintendente Lozano Forero.
Esta alianza estratégica constituye una herramienta fundamental en la lucha contra la ilegalidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, generando un mayor compromiso en el sector con el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
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