Editorial: ¿Quién ronda a los vigilantes?
EDITORIAL
7:55 p.m. | 2 de julio de 2014
A medida que los barrios de las grandes ciudades han venido cediendo sus espacios a conjuntos residenciales y conglomerados de edificios, en los que habitan fácilmente de 500 a 1.000 personas, la necesidad de generar condiciones de convivencia y seguridad también crece.
El auge de bandas delictivas y el bajo número de policías para vigilar cada calle y cada conjunto obligan a la gente a contratar sus propios sistemas de protección. Al punto de que hoy hay en el país casi 900 compañías de vigilancia y seguridad privadas legalmente registradas, con 230.000 hombres, armados o no –128.000 en Bogotá–, que ofrecen sistemas de monitoreo y supervisión.
Esto sin contar con el número de empresas ilegales que surgen al amparo de las necesidades de la comunidad –especialmente por costos– o los voluntarios que aparecen de la noche a la mañana a ofrecer un servicio particular sin ninguna garantía, sin remuneración fija ni seguridad social para el ‘vigilante’ de turno.
Como sea, el de las empresas de vigilancia se ha convertido en un lucrativo negocio, que puede mover alrededor de 2 billones de pesos al año únicamente en la capital, esto es, tres veces más que el presupuesto de la Policía Metropolitana.
Si bien no se trata de meritar el trabajo que tales firmas ofrecen –porque las hay de calidad, con personal serio e idóneo–, sí cabe advertir que cada vez es mayor la brecha entre el servicio que se presta y la respuesta que se obtiene a la hora de responder por el cuidado de los bienes y la integridad de las personas.
Este diario ha informado recientemente de varios incidentes con ladrones profesionales, que ingresan a los conjuntos, delante de los mismos vigilantes, y penetran en casas y apartamentos que extrañamente han sido bien escogidos: llegan a la hora en que no hay nadie, saben en qué torre y en qué piso robar y salen como si nada.
Cuando llega el momento de reclamar a la compañía –y, por ende, a la administración–, las cosas se complican: nadie responde, ni la vigilancia ni los encargados de la edificación, y empiezan las evasivas y las justificaciones. Peor aún: le dejan al residente afectado la tarea de probar que la empresa de seguridad, por cuyo servicio paga una gruesa suma de dinero dentro del canon de administración, fue negligente.
En otro caso, la respuesta de una de estas firmas a la víctima de un robo fue la de que ni aquella ni la aseguradora responderían por lo sucedido, pues ellas solo deben velar por las áreas comunes. La pregunta es si la portería por donde ingresaron los hampones se considera o no un área común.
En la Superintendencia de Vigilancia, la encargada de regular al sector, reposan más de mil denuncias por casos similares en lo que va de este año. El 20 por ciento de ellas se relaciona con hurtos, y un porcentaje similar, con la calidad del servicio que se presta.
Lo descrito es síntoma de que persisten vacíos en las normas para el funcionamiento y supervisión de las compañías de vigilancia. El ente gubernamental no tiene la facultad para responder por los robos y es al propietario a quien corresponde iniciar un engorroso proceso penal.
Así, el ciudadano seguirá a merced del delincuente en su propia casa, al menos mientras sigan existiendo organizaciones cuyo único atributo pareciera ser el de la presencia física, sin que las roce responsabilidad alguna por lo que pase en el lugar que están llamadas a proteger.
COMENTARIO DEL DIRECTOR.
Este es un tema que debe ser
claramente discutido en la medida en que debemos tener en cuenta que las
empresas de vigilancia no son seguros, son del índole preventivo
y disuasivo más no de resultados, que estas son contratadas para disminuir
el riesgo generado por la amenaza externa, pero no necesariamente para
evitarlo.
Igualmente cuando una empresa es
contratada esta realiza un estudio de seguridad a la copropiedad y da a
conocer sus vulnerabilidades, realizando las recomendaciones necesarias
para que estas sean tenidas en cuenta por cada uno de sus residentes para
evitar acciones de la delincuencia en sus bienes privados.
La seguridad primaria es
responsabilidad de cada persona sobre sus bienes privados y no puedo pretender
que por el hecho de contratar una empresa de vigilancia debo descuidarme en la
seguridad de mis bienes privados.
El apartamento o casa dentro de una
copropiedad es un bien privado desde la puerta hacia adentro y es ahí donde yo
como propietario del bien debo tomar todas las medias para evitar que este
sufra la acción de la delincuencia ya que esta amenaza puede ser externa o
interna, acatando las recomendaciones emitidas por la empresa de vigilancia.
La gran pregunta es hasta dónde va la
responsabilidad de las empresas de vigilancia en caso de un evento si estas han
dado las recomendaciones de seguridad y los propietarios no las tienen en
cuenta.
